Cuando un país cuenta con trabajadores que promedian 1.919 horas laborales al año —222 más que el promedio de la OCDE—, cuando un santiaguino invierte 84 minutos diarios únicamente en trasladarse a su trabajo en transporte público (equivalente a 14 días completos al año), y cuando el 62% de los mineros del cobre trabaja bajo turnos de 12 horas durante siete días consecutivos, la problemática del sueño trasciende lo individual. Se convierte en una falla de infraestructura nacional, tan grave como un puente colapsado o una carretera sin pavimentar.
La corporación RAND estimó que el sueño insuficiente le cuesta a Estados Unidos el 2,28% de su PIB anual. Un modelo econométrico reciente aplicado a Argentina calculó una pérdida del 1,27%. Si se aplica un parámetro conservador del 1,5% al PIB chileno de 2025, la cifra resultante es de aproximadamente 5.360 millones de dólares anuales. Para contextualizar: supera todo el presupuesto nacional de ciencia e innovación. Excede lo que el Estado gasta en seguridad pública.
¿Dónde se pierde ese dinero? En múltiples lugares, de forma silenciosa y acumulativa. En el trabajador que llega exhausto y rinde la mitad, pero permanece frente a su escritorio simulando productividad. En las 214.274 personas que sufrieron accidentes laborales en 2022, de los cuales más del 13% se atribuyen directamente a la fatiga según investigaciones de la Superintendencia de Seguridad Social. En los siniestros de tránsito que costaron al país 4.156 millones de dólares en 2024 —1,31% del PIB—, de los cuales al menos un quinto está asociado a la somnolencia al volante. En el 37% de las licencias médicas emitidas por trastornos mentales —depresión, ansiedad, burnout—, condiciones que tienen al insomnio como acompañante casi universal y como factor que perpetúa la incapacidad.
A estos factores se suma uno que rara vez se menciona en el debate laboral: la contaminación del aire. Santiago y varias ciudades del sur de Chile presentan episodios críticos de material particulado fino (PM2,5) durante otoño e invierno, precisamente cuando los trabajadores permanecen más tiempo en recintos cerrados con ventilación deficiente. Metaanálisis recientes han demostrado que la exposición crónica a PM2,5 se asocia significativamente con mayor riesgo de insomnio, menor eficiencia del sueño y agravamiento de la apnea obstructiva del sueño.
Existe además un problema aún más grave: no lo estamos midiendo. El sistema de registro de accidentes laborales en Chile no incluye la fatiga como variable causal. No existe un protocolo obligatorio de pesquisa de trastornos del sueño en la atención primaria de salud. La apnea obstructiva del sueño, que afecta desproporcionadamente a los trabajadores mineros por turnos, permanece subdiagnosticada mientras agrava silenciosamente la hipertensión, la diabetes y el riesgo cardiovascular de quienes sostienen el motor exportador del país.
Esta discusión ocurre en paralelo con otros debates que Chile sostiene simultáneamente: la implementación gradual de la jornada de 40 horas y la insuficiencia persistente de los salarios. El sueldo mínimo, que apenas supera los 500 mil pesos, obliga a cientos de miles de trabajadores a extender sus jornadas con horas extra, segundos empleos o trabajos informales de plataforma para llegar a fin de mes. La ecuación es perversa: se trabaja más para ganar lo mínimo, se duerme menos por trabajar más, y se rinde peor por dormir menos. El resultado es un círculo vicioso donde la baja productividad justifica los bajos salarios, y los bajos salarios perpetúan la sobreexplotación del tiempo biológico.
Quienes se oponen a la reducción de la jornada argumentando pérdidas de competitividad ignoran que un trabajador crónicamente fatigado ya produce muy por debajo de su capacidad. La verdadera ganancia de productividad no vendrá de exprimir más horas, sino de garantizar que las horas trabajadas se sostengan sobre cerebros descansados y cuerpos recuperados.
La Ley de 40 horas, que en abril de 2026 redujo la jornada a 42 horas semanales, es un avance necesario pero insuficiente si no se acompaña de un rediseño cronobiológico del trabajo. Reducir la jornada semanal sin regular los turnos excepcionales de la minería, sin promover el teletrabajo para acortar los tiempos muertos de traslado, y sin incorporar la medicina del sueño en la salud ocupacional, es como bajar el volumen de la alarma sin apagar el incendio.
La última Encuesta Nacional de Salud 2016-17 reveló un dato que debería haber generado alarma generalizada: el 63,2% de la población adulta presenta algún trastorno del sueño. Uno de cada cinco chilenos padece insomnio crónico. Casi uno de cada cinco reporta somnolencia diurna excesiva al menos tres días a la semana. Tras el estallido social de 2019 y la pandemia, esas cifras solo empeoraron: estudios focalizados encontraron que más de un tercio de las personas evaluadas presentaba insomnio clínicamente significativo.
Esta crisis del sueño no es un fenómeno aislado. Conviene analizarla conjuntamente con otras dos discusiones que Chile sostiene, casi siempre, de manera separada.
La primera es la de la primera infancia, que el ingeniero Mario Waissbluth ha descrito con una palabra que no admite matices: obscenidad. Waissbluth recuerda que el Premio Nobel de Economía James Heckman demostró que la rentabilidad social de invertir en educación inicial es siete veces mayor que invertir en educación superior, y cuatro veces mayor que invertir en educación escolar. Según el Center on the Developing Child de Harvard, las conexiones neuronales del lenguaje alcanzan su pico de formación entre los tres meses antes del parto y los doce meses de vida. Cuando un niño no recibe estímulo suficiente en esa ventana, el cerebro aplica la llamada poda neuronal: elimina las conexiones que no se usan, para ahorrar energía. El resultado, advierte Waissbluth, es un país con 50% de analfabetismo funcional en adultos —25% incluso entre egresados de educación superior— y un promedio de 23 niños por educadora en las salas cuna, muy por encima de los estándares que exige la OCDE. Esa misma ventana crítica empieza, de hecho, antes del nacimiento: en Chile, menos del 20% de los recién nacidos recibe siquiera la media hora de contacto piel con piel que recomienda la OMS tras el parto.
La segunda discusión es la de la natalidad: en 2025 la tasa de fecundidad chilena tocó un mínimo histórico de 0,99 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo, con 146.172 nacimientos —8.269 menos que el año anterior— y una caída acumulada del 46,9% desde 1993. De sostenerse la tendencia, las defunciones superarán a los nacimientos hacia 2028, y la población chilena comenzará a reducirse a partir de 2036.
Tres crisis comparten una misma raíz. Un país donde los adultos duermen mal porque trabajan demasiado y ganan demasiado poco es, casi por definición, un país donde sostener un embarazo, un posparto con apego seguro o una crianza temprana bien estimulada se vuelve una hazaña individual en lugar de una condición garantizada. No es casualidad que la edad media de la maternidad en Chile haya subido de 27 a 30 años, ni que buena parte de las personas en edad fértil describan la decisión de tener hijos como algo que hoy se siente casi irresponsable frente a la incertidumbre económica y laboral. La misma precariedad del tiempo biológico que impide dormir bien es la que vuelve más difícil, y más tarde, la decisión de traer una nueva vida a un sistema que ya no logra sostener bien a los adultos que lo habitan.
Chile necesita reconocer que el sueño no es un lujo ni una debilidad. Es la línea de producción donde se consolida la memoria, se repara el sistema inmune, se regula el metabolismo y se restaura la capacidad de tomar decisiones complejas. Es, en definitiva, la infraestructura biológica sobre la cual se construye toda productividad genuina en una economía que aspira a basarse en el conocimiento y la innovación — la misma infraestructura biológica que, unos años antes, decide si un cerebro infantil puede desarrollarse en condiciones adecuadas, y la misma que, más tarde, determina si un adulto tiene el margen vital para plantearse formar una familia.
Seguir ignorando esta crisis es elegir, por omisión, un modelo de desarrollo que exprime a sus trabajadores hasta el agotamiento y luego paga las consecuencias en hospitales, tribunales, morgues, aulas con niños que llegan ya rezagados, y una pirámide poblacional que empieza a invertirse.
La evidencia científica y económica ya está disponible. Lo que falta es la voluntad política de actuar sobre ella. Y esa decisión no puede seguir esperando otra noche más.
Con Información de desenfoque.cl
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