El organismo fiscalizador exigió verificar el uso del inmueble municipal, cuestionado por presuntamente beneficiar a un solo grupo familiar. También precisó que la alcaldesa Verónica Rossat puede terminar el contrato sin aval del Concejo.
La Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días a la administración de la alcaldesa Verónica Rossat para resolver la situación del comodato del Centro de Productos Típicos de Hijuelas. El organismo exigió verificar el uso del inmueble municipal, que ha sido cuestionado por presuntamente beneficiar a un solo grupo familiar.
En su pronunciamiento, la Contraloría además aclaró que la alcaldesa puede poner término al contrato sin necesidad de contar con la aprobación del Concejo Municipal. Al tratarse de un dictamen del ente fiscalizador nacional, el caso adquiere relevancia más allá de la comuna y se suma al escrutinio sobre el uso de bienes municipales en el país.
Elaborado a partir de informacion de puranoticia.pnt.cl.
