Diputados de la derecha conservadora impulsan una propuesta legislativa que busca modificar el Artículo 119 del Código Sanitario. El proyecto establece que los médicos deben ofrecer a las mujeres y niñas que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo por alguna de las tres causales permitidas en Chile, la oportunidad de escuchar los latidos cardíacos del embrión o feto. Si la paciente acepta, el procedimiento continúa normalmente; sin embargo, si rechaza esta posibilidad, el médico deberá negarse a practicar el aborto. Esta iniciativa ha generado cuestionamientos sobre el impacto que tendría en el acceso a la prestación y en la salud psicoemocional de mujeres y niñas que enfrentan una de las decisiones más difíciles de sus vidas. La diputada Ximena Ossandón, una de las patrocinadoras del proyecto, ya anunció el retiro de su apoyo después de reconocer que no había leído completamente su contenido. En redes sociales, algunos usuarios se preguntan si es necesario torturar a las mujeres de esta manera.
La propuesta, denominada “Escucha Corazón”, ha generado críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil, así como preocupación en organizaciones defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. El proyecto ha recibido objeciones no solo de la oposición, sino también de figuras de la derecha como la exministra Karla Rubilar y la exsenadora Lily Pérez, por considerarla una medida coercitiva y revictimizante. Incluso una religiosa de la Orden de las Dominicas se ha hecho viral en redes sociales al cuestionar si es necesario torturar a las mujeres de esta manera.
El proyecto fue presentado en el Congreso el 25 de junio por el diputado del Partido Nacional Libertario Cristóbal Urruticoechea, con el patrocinio de las diputadas Chiara Barchiesi, Catalina Del Real y Claudia Reyes del Partido Republicano; Ximena Ossandón de Renovación Nacional, y Álvaro Jofré del Partido Nacional Libertario. Ossandón anunció posteriormente el retiro de su firma al reconocer que desconocía parte del contenido. Explicó que pensó que escuchar los latidos sería una opción y no una exigencia para acceder al aborto, y admitió que firmó la iniciativa sin leer íntegramente el articulado.
La propuesta busca incorporar un nuevo inciso en el Artículo 119 del Código Sanitario que establezca el deber del médico de ofrecer de manera verbal y directa a la mujer o niña que desee interrumpir voluntariamente su embarazo, la oportunidad de escuchar los latidos cardíacos del embrión o feto mediante equipos técnicos disponibles. Si la paciente rechaza escuchar los latidos, el médico deberá negarse a practicar el aborto, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el eventual impacto en el acceso a la prestación.
En Chile, el aborto es legal solo en tres situaciones específicas: el riesgo vital de la embarazada, la inviabilidad fetal y el embarazo producto de una violación. Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, desde el inicio de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018 hasta el 12 de agosto de 2025, se registraron 6.567 casos de abortos por las tres causales. De estos, 2.924 fueron por inviabilidad fetal (45%), 1.962 por riesgo vital de la madre (30%) y 1.681 por embarazo producto de violación (25%). En el desglose por causal de violación, más de la mitad de los casos de mujeres menores de 18 años corresponden a niñas menores de 14 años.
Para Javiera Canales, directora de la Corporación Miles, el proyecto es preocupante porque solo aumenta el sufrimiento. En el caso de niñas y mujeres embarazadas por violación, la crueldad es mayor al tratarse de personas que nunca eligieron ese embarazo. Señala que convertir ese momento en una nueva instancia de presión emocional es profundamente revictimizante.
Los impulsores del proyecto sostienen que busca fortalecer el consentimiento informado exigido por la ley. Según el documento, la actividad cardíaca corresponde a un antecedente clínico objetivo y verificable que permitiría que la decisión se adopte con información completa. Desde el Partido Nacional Libertario han señalado que la propuesta complementa otras iniciativas, incluyendo un fondo de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables que contempla apoyo económico y psicológico.
Si bien la obligación de escuchar la actividad cardíaca fetal podría presentarse como una medida destinada a entregar más información a la paciente, especialistas advierten que el consentimiento informado también contempla el derecho a rechazar información o procedimientos que la persona no desea recibir. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ecografías no sean un requisito obligatorio para acceder a un aborto y que la información proporcionada sea objetiva, basada en evidencia y no tenga por finalidad influir en la decisión de la mujer.
En Chile, una medida de este tipo podría entrar en tensión con la Constitución, la Ley Nº20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes y el artículo 119 del Código Sanitario, que establece que la información entregada debe ser completa y objetiva, sin estar destinada a orientar la voluntad de la mujer. Asimismo, podría comprometer estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la autonomía, la privacidad, la salud y la integridad psíquica.
Javiera Canales advierte que el proyecto intenta presentarse como una medida para fortalecer el derecho a la información, pero cuando rechazar una determinada información tiene como consecuencia perder el acceso a una prestación de salud reconocida por la ley, ya no se trata de consentimiento informado sino de un mecanismo de presión estatal sobre una decisión profundamente íntima.
El Colegio Médico expresó su preocupación por las implicancias éticas y clínicas del proyecto y reafirmó que el consentimiento informado debe ser un proceso de diálogo, libre de coerción, centrado en la autonomía de la paciente y sustentado en la evidencia científica, el juicio clínico y una relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto.
La iniciativa ha recibido críticas desde distintos sectores políticos y de organizaciones feministas, de profesionales de la salud y de usuarios en redes sociales, calificándola como cruel al obligar a una mujer a pasar por ese trance en una situación que ya de por sí es dolorosa. Advierten que podría transformarse en una barrera adicional para que mujeres y niñas accedieran a un derecho establecido por ley.
Para la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Camila Fuentevilla Maturana, el proyecto forma parte de una agenda conservadora de la ultraderecha que busca hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas en Chile. La dirigenta sindical condenó la creación de escenarios destinados a forzar a las mujeres a continuar con un embarazo, exponiéndolas a riesgos físicos y psíquicos.
La agrupación “Médicas Feministas de Chile” considera que obligar a escuchar los latidos no aporta ningún beneficio médico ni mejora la seguridad del procedimiento. Su único objetivo es generar culpa, dolor y presión psicológica sobre mujeres que ya viven una de las decisiones más difíciles de su vida. Señalan que puede aumentar el sufrimiento y revictimizar, y que la medicina no está para castigar, sino para acompañar y respetar.
La exdiputada y exministra Karla Rubilar afirmó que la propuesta constituye un retroceso y llamó a los parlamentarios a tener más humanidad. Señaló que votó a favor de las tres causales porque en los momentos más difíciles el Estado debe acompañar, no revictimizar. La exsenadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, también advirtió que no es el Estado quien mediante una ley debe decidir y obligar a una mujer a escuchar el corazón para impedir una de las tres causales de interrupción del embarazo, considerándolo un retroceso para una ley vigente desde 2017 que no ha tenido abuso alguno en su cumplimiento.
La exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana del Frente Amplio, calificó el proyecto como una medida coercitiva. La diputada Emilia Schneider del Frente Amplio lo tildó como una crueldad tremenda e instó a la ultraderecha a buscarse un problema real, señalando que el problema no es el exceso de interrupción del embarazo. Enfatizó que la sociedad chilena espera soluciones a sus problemas reales.
Desde la bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes, se señaló que no se puede hablar de consentimiento cuando se pretende imponer culpa y presión en uno de los momentos más difíciles de la vida de una mujer. Calificaron el proyecto como deshumanizante, retrogrado y misógino que solo levanta nuevas barreras para acceder a una atención de salud digna, poniendo en riesgo la autonomía y la salud de quienes atraviesan estas situaciones.
En medio de la discusión también se viralizaron distintas reacciones. Una de ellas corresponde a la religiosa de la Orden de las Dominicas, Licarayén Torres, quien a través de un video en su cuenta de Instagram cuestionó públicamente la iniciativa. El video ha acumulado más de un millón de vistas y más de 88 mil “me gusta”. En el video, Torres pregunta si es necesario torturar a las mujeres de esta manera y si es cristiano o evangélico hacer pasar a las mujeres por esta obligación que pretenden imponer algunos diputados.
La religiosa expresó sus cuestionamientos en Instagram, haciendo eco incluso en figuras del oficialismo como la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien le dejó un comentario agradeciendo el hecho de compartir esta reflexión. Torres indicó que si los diputados pueden ver su video, les preguntaría de qué manera podrían hoy escuchar el grito de los inocentes en las escuelas, en las calles y en los contextos de vulnerabilidad del país. Agregó que le gustaría pedirles que con la misma urgencia propongan leyes que promuevan la justicia y la paz referidas a los niños, niñas y jóvenes de los territorios, exhortándolos a escuchar el grito de los inocentes desde el inicio, pero también hasta el final de la vida.
Con Información de elsiglo.cl
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