La iniciativa legislativa contempla restricciones para que estos profesionales accedan a cargos en el Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso.
Renovación Nacional presentó una propuesta para inhabilitar a los abogados que ejerzan la defensa de imputados vinculados al crimen organizado, impidiéndoles acceder a funciones en la Administración del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso, entre otros organismos públicos.
Según los antecedentes disponibles, la iniciativa excluye de estas restricciones a los profesionales que se desempeñen en la defensa penal pública, reconociendo el rol institucional de ese servicio. La propuesta abre un debate de alcance nacional sobre los límites del ejercicio de la abogacía en casos de alta complejidad criminal y la compatibilidad de esa trayectoria profesional con cargos en el sector público.
Elaborado a partir de informacion de puranoticia.pnt.cl.
