El legislador Marcos Barraza se refirió a la presentación que realizó la oposición ante el Tribunal Constitucional cuestionando contenidos del megaproyecto financiero y tributario aprobado recientemente por el gobierno. Barraza enfatizó que existen “fundamentos jurídicos sólidos respecto de la inconstitucionalidad de normas que hemos impugnado”.
El diputado caracterizó la iniciativa como “una megareforma tributaria que tiene como propósito concentrar más la riqueza en el 1% más rico del país y desatender las necesidades sociales a partir de un Estado más débil”. Criticó el proceso legislativo señalando que “el gobierno actuó con una lógica impositiva, despreciando las herramientas del debate político y de la construcción de acuerdos”.
Barraza explicó los principales argumentos de inconstitucionalidad presentados. Primero, cuestionó la invariabilidad tributaria de 20 años, afirmando que afecta el principio democrático de soberanía tributaria y la potestad de futuros gobiernos y Congresos. Segundo, señaló que las empresas cuyos proyectos sean anulados por incumplimiento de normas ambientales serían indemnizadas por el Estado con sus activos, lo que consideró inconstitucional. Tercero, advirtió que la relocalización acuícola por vía administrativa vulnera el derecho a consulta indígena protegido por el Convenio 169 de la OIT y la Ley 19.253. Cuarto, indicó que los límites a medidas cautelares en tribunales ambientales, reduciendo de dos años a seis meses, afecta derechos procedimentales.
El diputado mencionó que presentó diez reservas de constitucionalidad que fundamentan el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y expresó su convicción de que las inconstitucionalidades son objetivas.
Respecto a antecedentes, Barraza señaló que el único caso previo de invariabilidad tributaria fue el Decreto 600 de la dictadura, que establecía esa condición por diez años. “Ahora son dos décadas, 20 años. Es primera vez que se va a dar un debate de esas características, constitucionalmente hablando”, afirmó.
Barraza criticó el escenario abierto con la aprobación del megaproyecto, aseverando que el gobierno impuso una mayoría circunstancial en un debate fundamental sobre el sistema tributario mediante un título engañoso. Sostuvo que la reforma busca instalar “una regresión histórica” y un “candado tributario” que perpetúa un sistema injusto y regresivo por más de veinte años.
El legislador vinculó la reforma con la insatisfacción ciudadana derivada del alza de precios de combustibles y recortes presupuestarios, concluyendo que “esto se está convirtiendo en el Transantiago del gobierno, porque no tiene legitimidad ciudadana”.
Cuestionado sobre si existen dudas acerca de que se cumplan los objetivos de empleo, crecimiento e inversión que promete el gobierno, Barraza rechazó cualquier evidencia comparada que demuestre que concentrar riqueza en una minoría genere mayor crecimiento. Citó a Estados Unidos como ejemplo donde la disminución del impuesto a grandes empresas no resultó en mayor crecimiento.
Barraza afirmó que el movimiento social y la ciudadanía “tiene que estar muy alerta y movilizada, defendiendo los activos del Estado, los derechos sociales garantizados por el sector público, que es lo que proporciona el bienestar social”.
Respecto al comportamiento del gobierno durante la discusión del proyecto, Barraza manifestó que “el gobierno no tuvo ninguna voluntad de construir acuerdos políticos” ni mostró apertura al diálogo en un tema tan sensible como el sistema tributario.
En cuanto a las características del gobierno, Barraza identificó un “carácter autoritario” contrario al debate democrático. Ejemplificó que la reforma tributaria tardó apenas tres semanas en cada cámara, mientras que la reforma de pensiones del presidente Boric se demoró dos años, demostrando “la ausencia de vocación democrática del gobierno”.
El diputado describió al gobierno como “extremo en lo neoliberal” que no cree en derechos sociales y tiene una “vocación privatizadora”, con un diseño político orientado a la enajenación de empresas públicas. Agregó que el gobierno tiene “una lógica punitiva de las relaciones sociales” y una visión “contraria a las libertades personales”.
Respecto a los caminos disponibles para la oposición frente a la aplicación de medidas de esta reforma, Barraza indicó que desde el Congreso se utilizan todas las herramientas legislativas y constitucionales disponibles. Sin embargo, enfatizó que “el principal camino que la oposición debe desplegar es la movilización social”, siendo este “el camino fundamental que asegura hacer prevalecer los derechos y las conquistas sociales ya alcanzados”.
Con Información de elsiglo.cl
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