El caso del subcomisario Rodrigo Silva Carreño ha evolucionado desde ser un incidente policial en Las Condes hasta convertirse en una de las investigaciones por corrupción más relevantes que enfrenta la Policía de Investigaciones (PDI) recientemente. Mediante una denuncia formal de 15 páginas a la que accedió la prensa, el oficial de la Brigada de Robos e Investigación Criminalística (Biro-Incri) Oriente describió un sistema de enriquecimiento ilícito y procedimientos irregulares dentro de su unidad.
De acuerdo con lo relatado por Silva, la corrupción era presentada por sus compañeros como una práctica habitual. En su denuncia mencionó que una subcomisaria de su confianza, identificada con las iniciales T.M., le confesó abiertamente que en cada operativo que realizaba junto a un superior, ambos obtenían «su parte», cuestionándolo sobre por qué él no hacía lo mismo.
Uno de los aspectos más graves de su declaración, revelado por Mega Investiga, se refiere a la operación «Los Emprendedores» realizada en Osorno. Silva afirmó que ante una transacción inminente de 18 millones de pesos en efectivo entre imputados por robo de camiones, sus superiores le habrían ordenado directamente ejecutar una «flagrancia» para, en lugar de incautar el dinero legalmente, «quedarse con la plata». El subcomisario también relató sentirse presionado para participar, temiendo que sus colegas lo posicionaran a él como el «articulador» de estas irregularidades para protegerse a sí mismos.
Ante la gravedad de las acusaciones, el fiscal de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda entregó detalles sobre el curso de la investigación criminal. El persecutor confirmó que los hechos relatados por Silva son calificados legalmente como «actos de corrupción» y «delitos funcionarios» de suma gravedad.
Sepúlveda precisó los alcances de la indagatoria: hasta el momento no existe ningún acto de imputación contra fiscales, a pesar de que Silva inicialmente mencionó que denunciaría a policías y fiscales. Las imputaciones se dirigen específicamente hacia colegas y superiores de la unidad donde Silva trabajaba. Legalmente, Rodrigo Silva mantiene la calidad de denunciante y no de imputado.
Actualmente, la Fiscalía ha adoptado medidas de resguardo a través de su Unidad de Víctimas y Testigos para proteger la integridad de Silva, cuya identidad y ubicación se mantienen bajo reserva por seguridad. El oficial permanece bajo evaluación médica tras sufrir una fuerte descompensación que lo llevó a autoinfligirse heridas graves en el cuello y las muñecas tras una breve fuga por los techos de su domicilio.
Con Información de desenfoque.cl
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