Senadores debaten actualmente un proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada con Patricia Bullrich como principal operadora. La iniciativa busca avanzar en la extranjerización de tierras y eliminar regulaciones soberanistas y medioambientales en el país.
Con un gobierno que responde a intereses estadounidenses y un presidente como Javier Milei, la Patagonia se ve cada vez más codiciada por potencias imperialistas. Según datos del Censo Nacional de Población 2022, la densidad poblacional patagónica es de aproximadamente 1,47 habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio patagónico representa alrededor de un tercio de la superficie continental argentina, con más de 930.000 km², pero alberga apenas el 6% de la población total del país. En un mundo con 8.300 millones de personas que se proyecta llegue a 9.700 millones en 2050, un territorio despoblado como el sur argentino podría ser invadido y ocupado por nuevos colonizadores si no se toman medidas soberanas.
El gobierno actual elimina restricciones para la compra de tierras por extranjeros, incluso en áreas de importancia estratégica y fronteriza. Impone leyes en el Congreso como el Súper RIGI que facilitan estas entregas y crea condiciones para que grandes capitales vinculados a tecnología e Inteligencia Artificial accedan a colosales cantidades de agua necesarias para radicarse en la Patagonia.
Gobernadores aliados al gobierno instruyen a sus legisladores a votar propuestas del oficialismo a cambio de adelantos del Tesoro Nacional, coparticipación de recursos tributarios y financiación de obras públicas.
Desde el inicio, el gobierno de Milei aprobó cooperación estratégica con Estados Unidos mediante acuerdos con el Comando Sur para minimizar y eliminar la influencia china en proyectos de infraestructura patagónica y disputar con China el control geopolítico y logístico de la entrada a la Antártida y del paso bioceánico como ruta alternativa al canal de Panamá.
Sobre la influencia china en la Patagonia están los megaproyectos de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, que se mantienen por la necesidad financiera de Argentina de mantener el swap de monedas con el Banco Popular de China, que en febrero de este año desembolsó 250 millones de dólares. La continuidad de ambos proyectos es incierta por presiones estadounidenses. Otra obra china en el sur comprende instalaciones de una estación espacial de seguimiento terrestre en Neuquén, ubicada en Bajada del Agrio con una antena parabólica de 35 metros de diámetro. La Embajada estadounidense argumentó que era una instalación de espionaje satelital. El entonces ministro de Defensa Luis Petri anunció una inspección, coincidiendo con la visita del generala del Comando Sur Laura Richardson. La inspección demostró que las actividades eran científicas conforme al convenio. Sin embargo, el embajador estadounidense Marc Stanley declaró al diario La Nación: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. La Embajada de China aclaró que la estación es una instalación de cooperación tecnológica espacial para investigación científica.
Dentro de la “Nueva estrategia de Seguridad denominada la Gran América del Norte” de Estados Unidos, las bases militares y puertos en América Latina son objetivos estratégicos. En Panamá, el gobierno anuló contratos de concesión de puertos que operaba un conglomerado vinculado a intereses chinos. En Ecuador, las Fuerzas Especiales estadounidenses despliegan comandos militares en la “Operación Lanza del Sur”. En Perú, Estados Unidos aspira intervenir en el diseño y construcción de la Base Naval del Callao para contrarrestar el megapuerto de Chancay, desarrollado con inversión china.
En Argentina, si bien existe una base propia en Ushuaia para defensa y vigilancia marítima, el gobierno de Milei acordó concretar una Base Naval integrada con Estados Unidos sin aprobación del Congreso Nacional como manda la Constitución, anulando proyectos de financiación con China. El Pentágono identificó ese enclave para controlar el paso bioceánico. Ushuaia participó del “Ejercicio Operativo Tridente” en noviembre de 2025 entre las Armadas estadounidense y argentina. Desde Ushuaia se controlará la ruta y continente Antártico. La OTAN, con bases en Malvinas y Tierra del Fuego, tendrá poder decisivo en el dominio geoestratégico del Atlántico Sur, incluyendo recursos como petróleo, minerales, tierras raras y pesca. El almirante Alvin Holsey, ex Jefe del Comando Sur, visitó a Milei en abril de 2025 para activar esa base naval integrada, interesándose por la reactivación del radar en Tolhuin, frenado en el gobierno anterior.
Desde que asumió, Javier Milei militó su adhesión a Estados Unidos e Israel, declarando en la Universidad Yeshiva en Nueva York que se siente “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo” y afirmando que Irán es enemigo de Argentina.
Este mes se conoció que Israel había iniciado gestiones para instalar una representación diplomática en Ushuaia, confirmado por el embajador israelita Eyal Sela. El Consulado tendrá jurisdicción sobre Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur. Tiempo atrás circuló una versión llamada “Plan Andina” que denunciaba un supuesto acuerdo entre Argentina e Israel para instalar en la Patagonia una colonia judía israelita con tierras y subsidios del gobierno nacional. La creación de este Consulado, más el levantamiento de prohibiciones para que extranjeros compren tierras y que campos incendiados se vendan, llama la atención sobre posibles intenciones de instalar una sucursal del “Gran Israel” en el sur.
La soberanía argentina está en peligro por Estados Unidos, Israel o Gran Bretaña desde Malvinas, y lo estará cada vez más en un mundo superpoblado donde regiones ricas en recursos naturales sean codiciadas por potencias imperialistas y gobiernos como el de Milei lo permitan e incluso lo alienten.
Con Información de elsiglo.cl
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