Durante años, la protección de datos personales se consideró exclusivamente como un asunto tecnológico, vinculado a firewalls, antivirus, respaldos y controles de acceso, con la responsabilidad casi completamente delegada a los departamentos de tecnología de la información. Este enfoque ha cambiado significativamente.
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales representa un momento crítico para las empresas chilenas. Más allá de cumplir una exigencia regulatoria, esta normativa abre la oportunidad de reconocer que la administración de información se ha convertido en un factor fundamental para la reputación corporativa, la continuidad operacional y, especialmente, para la confianza que generan en clientes, colaboradores, proveedores y socios estratégicos.
Los datos constituyen actualmente uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Una gestión inadecuada puede resultar en sanciones, interrupciones operacionales, pérdida de credibilidad e impactos difíciles de revertir en la relación con el mercado. Esta realidad exige un cambio de enfoque orientado a construir una verdadera cultura de gobernanza de datos, que incluya políticas claras, responsabilidades definidas, procesos documentados y una perspectiva transversal que involucre todas las áreas de la organización.
AyT es una empresa especializada en medición y generación de datos. Según su experiencia, este proceso comienza más allá de la tecnología en sí; requiere claridad en procedimientos, roles y mecanismos de control que aseguren un tratamiento adecuado de la información durante su ciclo de vida completo.
Considerando los desafíos de la nueva ley, AyT realizó un diagnóstico interno para evaluar su nivel de madurez en protección de datos personales. El objetivo fue identificar brechas, revisar procesos y determinar dónde fortalecer la gestión para responder a un escenario regulatorio más exigente y a las expectativas crecientes de sus clientes.
Este ejercicio resultó en una hoja de ruta de implementación que contempla la actualización de procedimientos, revisión de políticas internas, fortalecimiento de medidas de seguridad e incorporación de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). Este rol permitirá consolidar una gobernanza más robusta y asegurar que la protección de datos forme parte de las decisiones estratégicas de la empresa.
Más allá del cumplimiento normativo, estas iniciativas generan beneficios concretos. Una empresa que administra adecuadamente la información reduce riesgos operacionales, fortalece la confianza de sus grupos de interés, mejora sus procesos internos y demuestra compromiso real con la transparencia y la responsabilidad corporativa.
La transformación digital avanza aceleradamente. La automatización, inteligencia artificial, plataformas en la nube e Internet de las Cosas generan grandes oportunidades para innovar, pero también multiplican los desafíos del tratamiento de datos personales. Por eso es indispensable que las organizaciones incorporen la privacidad y seguridad desde el diseño de sus procesos y no como una capa adicional cuando los proyectos ya están en marcha.
La nueva legislación proporciona una oportunidad para que las empresas revisen sus prácticas, fortalezcan su gobernanza y construyan relaciones más sólidas con quienes depositan en ellas uno de sus activos más sensibles: la información personal. Las organizaciones que comprendan este cambio no solo estarán mejor preparadas para cumplir la normativa, también estarán construyendo confianza, un activo mucho más valioso y difícil de replicar.
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Con Información de g5noticias.cl
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