La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó recientemente una propuesta que agrupa 45 medidas destinadas a combatir el crimen organizado y las economías ilícitas, representando un cambio de enfoque en la materia. Según esta perspectiva, la estrategia no se limita al fortalecimiento de la persecución penal o el incremento de capacidades policiales, sino que incluye el seguimiento de los flujos financieros y la eliminación de espacios que faciliten a las organizaciones criminales operar dentro de la economía formal.
Es significativo que varias de estas medidas se concentren en potenciar la inteligencia financiera, la trazabilidad de operaciones, el intercambio de información entre instituciones y la implementación de tecnologías para identificar operaciones sospechosas. Todas estas iniciativas comparten un denominador común: la calidad y confiabilidad de la información económica.
En este contexto, la contabilidad adquiere una relevancia que rara vez forma parte de las discusiones públicas. Aunque comúnmente se vincula con el cumplimiento tributario o la generación de estados financieros, su alcance es mayor. La contabilidad constituye el lenguaje económico de toda organización, funcionando como el sistema que registra, documenta y proporciona trazabilidad a las operaciones que sustentan la confianza en los mercados. A través de ella se preserva la memoria económica de las organizaciones y se permite reconstruir el historial de sus transacciones. La información confiable es requisito para la transparencia, y esta última es fundamental para generar confianza.
Las organizaciones criminales requieren exactamente lo opuesto. Necesitan ocultar el origen de los recursos, fragmentar operaciones, simular transacciones y obstaculizar el seguimiento de los flujos financieros. En síntesis, prosperan donde la información económica carece de transparencia y trazabilidad.
Por estas razones, mejorar la calidad de la información contable no solo responde al cumplimiento de obligaciones legales o tributarias. Constituye además una herramienta para defender la economía formal. Registros íntegros, controles adecuados, documentación suficiente y sistemas de información confiables reducen significativamente los espacios disponibles para el fraude, el lavado de activos y otras modalidades delictivas.
La Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos refleja este cambio de orientación al incrementar la responsabilidad de quienes administran, dirigen y controlan organizaciones, promoviendo una cultura de cumplimiento y reforzando los mecanismos de prevención ante riesgos económicos. La transparencia deja de ser una práctica recomendada para convertirse en un componente esencial de la gobernanza empresarial.
Este nuevo contexto requiere fortalecer las capacidades de quienes diseñan, administran y supervisan los sistemas de información y control de las empresas.
Si el crimen organizado opera cada vez más con lógica empresarial, utilizando estructuras societarias, operaciones financieras y mecanismos para disimular recursos ilícitos, es lógico que su combate incorpore también herramientas propias de la gestión empresarial.
Ha llegado el momento de reconocer que la contabilidad protege la transparencia, fortalece la confianza y dificulta que las economías ilícitas encuentren condiciones para desarrollarse.
Con Información de g5noticias.cl
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