Un proyecto de ley presentado en junio de este año por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, encabezados por Cristóbal Urruticoechea, busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de someterse a un aborto. Aunque se presenta como una medida informativa, la normativa incluye una disposición que permite a las mujeres declinar escuchar los latidos, pero si lo hacen, el médico queda obligado a no realizar el procedimiento de todas formas, convirtiendo la opción en una restricción de facto.
La iniciativa aplica a mujeres y niñas víctimas de violación, así como a quienes cursan embarazos inviables, pero excluye los casos donde existe riesgo para la vida de la madre. La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, calificó la medida como “crueldad legislativa”, argumentando que obliga a personas en situaciones extremas a atravesar un ritual diseñado para afectarlas emocionalmente.
El proyecto ha generado rechazo incluso dentro de la coalición de gobierno, con parlamentarios de la propia bancada distanciándose de la propuesta. Sin embargo, lo que ha generado mayor cuestionamiento es la aparente contradicción moral de quienes lo impulsan.
En noviembre de 2022, CIPER reveló que la esposa de Urruticoechea utilizó al menos 38 veces la tarjeta de combustible que la Cámara de Diputados le entrega exclusivamente para su trabajo legislativo. Su hijo también cargó gasolina con esa misma tarjeta. El reglamento especifica que estos recursos son solo para el diputado y sus asesores en ejercicio de sus funciones.
Urruticoechea alegó que todo estaba en orden y denunció una campaña de “la prensa de izquierda”. Posteriormente, en 2024, su expareja reconoció que utilizó las tarjetas durante casi cinco años. Actualmente, existe una investigación abierta en la Fiscalía de Valparaíso por estos hechos.
En paralelo, Joaquín Lavín, ex alcalde de Las Condes y miembro supernumerario del Opus Dei, lanzó este mes la aplicación “Santos x Chat”, que permite a los usuarios suscribirse por entre 6 y 8 mil pesos mensuales para conversar a través de WhatsApp con inteligencia artificial que simula ser la Madre Teresa de Calcuta, Josemaría Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina o Carlo Acutis.
Estos episodios reflejan una aparente contradicción: quienes defienden que ciertos principios son “no negociables” para imponer restricciones sobre decisiones de otras personas, muestran una flexibilidad significativamente mayor cuando se trata de rendir cuentas por el uso de recursos públicos o de monetizar cuestiones que presentan como sagradas.
Lo que une estas historias es la falta de coherencia en quienes afirman actuar en nombre de valores morales absolutos, pero aplican estándares distintos según sea conveniente para sus propios intereses.
Con Información de desenfoque.cl
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